Hay pocas novelas que retraten tan magistralmente como Miau de Pérez Galdós el ambiente asfixiante de una administración burocrática decimonónica y los miedos de los funcionarios a perder sus privilegios. Esa magnífica novela recoge el momento en el que el señor Villaamil se convierte en cesante después de un cambio de gobierno y mendiga entre sus excompañeros por una plaza. Para ello se sirve, sin escrúpulos, de su nieto, de siete años, al que envía como emisario de su petición. Sus antiguos compañeros de trabajo, de bajo talento, escasa formación y actitud trémula se desentienden de él y tratan de sobrevivir en la vetusta maquinaria estatal que supone, al final, un refugio ante las inclemencias del tiempo. Una sátira implacable de los privilegios reinantes en el ambiente funcionarial de un Madrid donde, con un cierto darwinismo social, solo triunfan los que medran y es la gente íntegra y honrada la que lleva las de perder.
Hace unos días la Encuesta de Población Activa reflejaba, de manera descarnada, cómo la población desanimada en España hoy, aquella que ha perdido la esperanza de encontrar trabajo, presenta las mayores cifras desde que hay registros. Casi un millón de personas han descartado en su horizonte personal y familiar la posibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo definitivamente.
«La función pública es esencial para el desarrollo de las sociedades y para que el progreso se haga con criterios de equidad»
En el ámbito de la Administración Pública del siglo XIX el funcionario típico era el cesante, durante el siglo XX lo fue el profesional, durante el siglo XXI será el privilegiado, una suerte de nueva casta en un entorno de precariedad e inestabilidad. Esta situación, en un entorno de continua erosión laboral y de pérdida de bienestar general, ya no se puede mantener más sobre la sencilla justificación formal de haber aprobado unas oposiciones.
La función pública no es, o no debería ser, un privilegio sino un servicio. Hay que ganarse el prestigio de esa función dignificándola cada día. Hoy más que nunca. La función pública, a pesar de lo que piensen algunos ultras, es esencial para el desarrollo de las sociedades y para que el progreso se haga con criterios de equidad. Sin embargo, la defensa de la función pública se identifica a menudo, con la defensa de los funcionarios públicos: un gran error.
Los funcionarios públicos son (somos) unos servidores privilegiados por dos razones: porque tenemos una seguridad económica que supone un sueño para la mayoría de la población y porque podemos entregarnos a la protección del interés general distinguiendo muy bien quienes nos mandan de quien nos paga. Ambas cuestiones suponen un privilegio que se olvida muy fácilmente. Devolver en forma de profesionalidad y esfuerzo esa conquista debería ser una obligación, no una opción.
«Los funcionarios podemos entregarnos a la protección del interés general distinguiendo muy bien quienes nos mandan de quien nos paga»
La Administración Española fue desde los años 60 del siglo pasado hasta finales del siglo XX un símbolo de vanguardia y profesionalidad. Sus grandes cuerpos de funcionarios no sólo suponían la extracción del mejor talento de la sociedad, sino que sirvieron para detonar el cambio y la transformación de una Administración que no debía ser un lastre sino la verdadera punta de lanza de la transformación social. Los abogados del estado fueron modificando la arquitectura jurídica para adaptarla a la democracia y la modernidad; los inspectores de Hacienda pusieron las bases de un sistema hacendístico innovador, progresista y puntero; los economistas del Estado articularon el marco para impulsar una gran transformación de una economía industrial envejecida; los Técnicos de Administración Civil establecieron las bases de una gestión y dirección moderna de lo que serían los grandes pilares del Estado de Bienestar, etc.. Los cuerpos de la Administración y, en general, la maquinaria pública se puso al servicio del progreso, la democracia y la modernidad.
Hoy la Administración está muy lejos de los parámetros de modernidad, exigencia y responsabilidad del siglo XXI. Anquilosada en mecanismos de autojustificación, fagocitada por los partidos políticos que la ven como el sistema de colocación de sus cuadros, incapaz de articular una propuesta de valor, corre el riesgo de sufrir un proceso paulatino e inexorable de deslegitimación ante la ciudadanía.
Nuestro rey está desnudo, como ya comentamos en este artículo. Los diagnósticos de la Administración Pública y de sus funcionarios son los mismos desde hace más de 30 años; por eso producen un cierto sonrojo las iniciativas para reflexionar sobre los retos de la función pública del siglo XXI girando una y otra vez, como una peonza, sobre los mismos ejes. Definitivamente, hay un exceso de diagnóstico y una carencia de acción.
«La Administración corre el riesgo de sufrir un proceso paulatino e inexorable de deslegitimación ante la ciudadanía»
Al poco de ingresar en la función pública en el año 1997, acudí a la presentación del libro blanco para la modernización de la Administración Pública que hacía el entonces ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Desde entonces ha habido más de ocho propuestas de Modernización de la Administración Pública de ambos gobiernos (por ejemplo: Posada y Sáenz de Santamaría del PP o Jordi Sevilla y Batet del PSOE, entre otros) y seguirá habiendo lo mismo cada dos o tres años. Y si no, esperen y vean. Si se fijan en los puntos sobre los que versan esos planes se encontrarán una asombrosa semejanza en lo referente a la función pública (en realidad, en todos sus ámbitos): evaluación del desempeño, carrera profesional, dirección publica profesional, promoción horizontal, formación en nuevas habilidades, selección por competencias, etc.…
Hoy se sigue hablando exactamente de lo mismo, sin que haya habido cambio sustancial alguno. Parece El día de la marmota en versión burocrática. La función pública sigue siendo a día de hoy un gran atractivo para el talento. No tanto por lo que promete la Administración Pública sino por lo que niega el mercado laboral. La metástasis de la precariedad y la estabilidad en el mercado de trabajo es de tal envergadura que la presión de talento hacia la Administración Pública es incluso mayor ahora que hace unos años.
La Administración no debe preocuparse por atraer talento, sino por seleccionarlo bien y cuidarlo. Y es aquí, en esta última parte, donde fracasa estrepitosamente. Todos sabemos que el gran cambio del elemento subjetivo de la Administración Pública, que ayudaría a mejorar exponencialmente el desarrollo de su función, viene derivado de dos medidas bien sencillas de enunciar y bien difíciles de ejecutar. Por eso, probablemente, se siguen elaborando grandes discursos y pírricas acciones. Ahí van:
Alejando Nieto distinguía de manera irónica en su libro España en Astillas a tres tipos de funcionarios: el que trabaja, el que medra y el que está. Cualquiera que conozca la Administración por dentro sabrá identificar a esos tres tipos con meridiana calidad. Y también sabrá que los tres ganan lo mismo. La denominada ley de hierro de los salarios públicos funciona como una apisonadora para el estímulo y la motivación de los buenos empleados públicos y como un refugio ‘pagado’ para los que una vez que se han ‘ganado la plaza’ se disponen a la holganza.
Los empleados públicos, como el resto de las personas, se desarrollan en un ecosistema que proyecta valores positivos, neutros y negativos, y que inciden de manera directa en nuestro comportamiento. Mantener la profesionalidad, el rigor y la motivación en la Administración Pública, en un entorno tan poco estimulante, es un ejercicio heroico de muchos funcionarios. Más allá de querer cambiar los métodos de selección, que han funcionado relativamente bien –no deja de generar inquietud que se hable de esto en un escenario de creciente apropiación de los políticos de la maquinaria pública–, se trata de mantener el talento que recluta la Administración, de exigirle y de potenciarlo, no de triturarlo.
Siempre ha habido un natural entrecruzamiento de la clase política y la estirpe funcionarial. Pero durante los últimos años se ha acentuado de una manera radical, derivado de dos circunstancias: por una parte, los partidos políticos se han convertido en unas afinadísimas agencias de colocación ante un mercado de trabajo durísimo y, por otra, la imposibilidad de conseguir progresar en la Administración si no es mostrando una cierta afinidad ideológica al partido de turno. Por eso, produce desasosiego ver a determinados funcionarios mostrar sin pudor su afinidad política para conseguir puestos con relumbrón cuando gobiernan los ‘suyos’ y afinar sus credenciales de probo funcionario cuando gobiernan los ‘otros’.
La figura del funcionario político y la del político funcionario son cada vez más comunes en la Administración, para descrédito de la función y deslegitimación ante la sociedad. Una regulación cabal de la figura del directivo público profesional, sea éste seleccionado entre funcionarios o no, y el estímulo de una carrera funcionarial profesional que premie el virtuosismo y la competencia, por encima de la adulación y la afinidad ideológica, sería un blindaje magnífico para una Administración cuya función pública es hoy más necesaria que nunca.
Eppur si muove, a pesar de todo 😉
2 comentarios
Más que una «visión» -creo yo- que lo expuesto por Kike es una proyección acertada de ese ecosistema que se desarrolla ad intra de los límites de la cosa pública.
La vis expansiva de la casta política, apuntalada en el creciente populismo del que aquélla se nutre, orilla el mérito y la capacidad, poniendo en primera línea otras pseudocualidades (nepotismo, servilismo, clientelismo…, «casi nunca» hubo un «ismo» de consecuencias positivas) que portan en su ADN el deterioro de la función pública.
«Cosas veredes, amigo Sancho…».
No resulta redundante agradecer y felicitar a Kike su esfuerzo en la defensa del «deber ser» como filosofía del inconformista, en lugar del «ser» como muestra de la resignación pétrea del acomodaticio.
Me descubro ante el artículo de Kike, y no porque le conozca personalmente y le aprecie, que también, sino porque expone de forma descarnada lo que, en mi opinión, piensa la sociedad del funcionario público. En mi reciente vida laboral (sector privado) he estado bastante en contacto con el ‘mundo del talento’ y doy fe de que no sólo la Administración Pública es una trituradora de éste. Muchas organizaciones diseñan planes de atracción y retención del talento, hasta que éste tiene la osadía de proponer una remuneración o contraprestación acorde a lo que ofrece. En ese momento, pasa a primer plano la cuenta de resultados como faro que ilumina cualquier paso a dar. Y puede el lector imaginar qué ocurre con ese ‘talento’: bye bye my friend, coste inasumible. El talento debe buscar otro nido donde intentar depositar sus huevos y tratar de criar a sus polluelos, véase éstos como consolidación de una carrera profesional o un plan de vida individual o familiar.
Por eso muchas personas que tristemente hoy están en situación de cesantes (como el sr. Villaamil de la obra de Pérez Galdós) en el sector privado, buscan como única salida profesional una oposición a cargo público y, literalmente, ‘a vivir que son 2 días’. Y no les digo nada si el cesante ya ‘tiene una edad’.
Todo esto entiendo que no ayuda a modificar o mejorar, ante la sociedad, el concepto de servidor público que el funcionariado adquiere cuando aprueba una oposición. Y como dice Kike en su despedida, ‘y sin embargo, ahí seguimos’.
Enhorabuena por la carta, Kike. Un abrazo.