El empleo y el emprendimiento deben constituir uno de los objetivos prioritarios de las políticas públicas que van dirigidas a suplir los fallos del mercado de trabajo y a paliar ciertas situaciones de desigualdad social ligadas al funcionamiento de éste.
Las políticas de empleo surgen cuando el mercado de trabajo no cumple con el objetivo de crear puestos de trabajo suficientes y de calidad, por lo que no se pueden desvincular de las políticas macroeconómicas, haciendo referencia esencialmente a cuatro tipos de intervenciones públicas:
La génesis y evolución histórica de las políticas de empleo ha ido en paralelo al nacimiento y desarrollo del Estado de Bienestar, teniendo en cuenta que los altos niveles de desigualdad social guardan estrecha relación con la estructura productiva, el mercado de trabajo, las diferencias territoriales y los efectos de las políticas de austeridad.
La precariedad social se ha intensificado con la anterior crisis (2008-2013) generando un modelo de empleo con graves vulnerabilidades, y aunque la recuperación económica en España (2014-2019) previa a la pandemia supuso un aumento del empleo, este tiene un carácter inestable, poco productivo, de baja calidad, con más temporalidad y parcialidad involuntaria, salarios más bajos y una extrema flexibilidad en las relaciones laborales.
En la aplicación de las políticas de empleo se pueden encontrar diversas disfunciones derivadas de la descoordinación administrativa y la ineficiente gestión de los recursos. De forma sintética se pueden señalar que las conclusiones que se han verificado en la investigación Análisis de las políticas de empleo en el Area Metropolitana de Tenerife y en posteriores estudios, son:
La COVID-19 ha provocado la peor crisis económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial y Europa es el área más afectada, por sufrir el confinamiento más severo y por el mayor peso de las exportaciones. En España, sumamos un grave impacto sobre el turismo, que ha registrado varios meses de ingresos nulos.
La economía española será la más afectada entre los países de la OCDE, con una reducción de su PIB en 2020 que puede alcanzar el 14,4%. Por otro lado la tasa de ahorro de las familias ha aumentado hasta el 11%, superando los niveles de 2009, y la demanda de trabajo presenta unas perspectivas de recuperación inciertas, condicionando que las familias tomen decisiones de consumo conservadoras.
Esta crisis coyuntural provocada por la pandemia puede prolongarse y convertirse en crisis estructural. Al desplomarse la renta de las empresas, estas han entrado en pérdidas, con serios problemas de liquidez y expectativas empresariales lastradas por una realidad marcada por la incertidumbre y los rebrotes, en ausencia de una vacuna o un antiviral a corto plazo.
La repercusión del parón económico en la destrucción de empleo se hace evidente en los datos de paro registrado por el SEPE: el número de parados aumentó en 611.729 desde marzo a mayo de 2020. Más de 65.000 de estos nuevos parados tienen menos de 25 años y más de 526.000 pertenecían a la construcción y los servicios. El número de afiliaciones a la Seguridad Social descendió en 700.000 personas y se alcanzó los 4 millones de trabajadores afectados por ERTEs. La tasa de paro en España se elevará hasta el 21,7%, con 2 millones de empleos perdidos y el cierre de 133.000 empresas, pudiendo desaparecer en el futuro, 240.000 pymes y 300.000 autónomos. La demanda de trabajo depende tanto del número de empresas como de sus condiciones de solvencia, liquidez y rentabilidad. Así en el escenario más optimista, el nivel de empleo de 2019 podría alcanzarse en el verano de 2022.
Además los ingresos públicos descendieron notablemente en el primer semestre de 2020. Si el gobierno hubiese recortado los gastos en la misma proporción para no tener déficit, la caída del empleo y del PIB habría sido descomunal. Un 35% de los ocupados han recibido rentas del gobierno vía ERTEs o por cese de actividad de autónomos, y sus empresas no han tenido que pagar el impuesto de cotización a la seguridad social. Sin esas medidas la tasa de paro habría superado ya ampliamente el 30%.
Fuera de la UE, España no podría pagar los ERTEs y miles de empresas y millones de trabajadores habrían perdido su empleo. Por tanto es de agradecer que la reacción europea haya sido muy diferente a la crisis del euro, y que la UE haya aprobado un plan de reconstrucción que aumentará el presupuesto comunitario en 750.000 millones de euros, que será clave para compensar la debilidad de la inversión de empresas y familias.
Por otra parte, analizando el impacto de la crisis sobre la brecha de género, se puede concluir que afectará relativamente más a las mujeres que a los hombres, pues la feminización de los mercados de trabajo del sector servicios y las dificultades de conciliación podrían hacer disminuir la oferta de trabajo para mujeres.
Ante esta depresión socieconómica provocada por la pandemia, se precisan políticas públicas potentes que reduzcan la incertidumbre e implementar el fondo de reconstrucción y el pilar europeo de derechos sociales a través de los siguientes ejes de actuación:
A pesar de los prejuicios ideológicos, actualmente pocos se atreven a cuestionar la necesidad del seguro de paro, la extensión de los ERTEs o los avales del ICO para que las empresas accedan al crédito. Así las medidas propuestas hace décadas por Keynes son hoy el paradigma en Europa.
Con 42 millones de trabajadores sometidos a ERTEs, en la UE se ha optado por financiar con dinero público la contención de la destrucción de empleo, mientras que en EEUU, la administración Trump apuesta por políticas de minimización de pérdidas de capital, a pesar de tener 36,5 millones de parados (la cifra más alta desde 1948), y 20 millones de empleos destruidos en el mes de abril de 2020. En España son pocas las voces que en la misma línea de Trump reclaman «que vuelva la troika y haga lo que el Ejecutivo no es capaz de hacer: recortes en sanidad, en educación, en el salario de los funcionarios y congelación de las pensiones».
La necesidad de las políticas de empleo se justifica por su amplia repercusión en la población, pues solo en 2019 participaron en España en las acciones de formación profesional para el empleo 4.776.684 personas. Las estrategias formativas deberían partir de un diagnóstico certero en cada sector, coordinando recursos formativos públicos y privados, con mejor adaptación y atención a las innovaciones tecnológicas, y a las trayectorias laborales de los individuos; cultivando la cultura negociadora, y entendiendo la formación como un compromiso social y empresarial.
Dentro de las políticas de recuperación, los ERTEs son la medida más costosa asumida por el Gobierno español y prorrogarlos tres meses podría suponer más de 15.000 millones de euros, es decir un 1,5% más de déficit. De esta forma el déficit se aproximará en 2021 al 15% del PIB. Pero la prórroga de los ERTEs es necesaria para graduar la demanda de trabajo con la demanda de los servicios.
España es uno de los países de la UE que destina un menor gasto a políticas de empleo en relación con su PIB, distribuyéndose de una forma muy desigual, con el 85% de los recursos destinados a las políticas pasivas (protección al desempleo) y solo el 15% a las políticas activas. En este sentido se puede concluir que las políticas de empleo en España han tenido insuficientes recursos humanos y escasa dotación presupuestaria. Así lo afirman el 87,5% de los expertos entrevistados en la investigación realizada.
En la última Encuesta de Condiciones de Vida (2018) se refleja que el 55% de la población declaraba tener dificultades para llegar a fin de mes, y un 36% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos. Si ya era difícil la situación en condiciones de normalidad, el enorme shock del confinamiento ha incrementado la pobreza y la marginación social. Por tanto es el momento de implementar una política expansiva o Green Deal para apoyar la recuperación del empleo y desarrollar una ambiciosa política industrial y tecnológica que reduzca el retraso europeo con respecto a EEUU y China. Estas políticas deben dar respuestas solventes al profundo deterioro de las condiciones de vida, con un alto número de actividades económicas en crisis (construcción, hostelería, servicios, etc) y una creciente vulnerabilidad que se manifiesta en precariedad laboral, salarios bajos y escasos derechos sociales.
José Manuel Corrales es preparador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública SKR. Administrador General de la Comunidad Autónoma de Canarias, fue anteriormente funcionario del Cuerpo Facultativo de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales en el ICASEL. Además es Doctor en Desarrollo Regional, Formación y Empleo por la Universidad de La Laguna. Actualmente trabaja como Jefe de Servicio en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Apasionado por la vida, la gente y el bienestar colectivo. Evaluador y analista de las políticas públicas, especializado en cuestiones de empleo y relaciones laborales.