Los regalos, en el ámbito de lo público, constituyen una fuente de posibles conflictos de interés pues, con independencia de su valor económico, pueden influir indebidamente en la objetividad y/o imparcialidad que debe regir la siempre y sólo honesta actuación de los servidores públicos.
JOSÉ JOAQUÍN JIMÉNEZ VACAS
«Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores: vosotros sois el tiempo« (San Agustín)
A mis opositores, nunca dejéis de creer (You’ll Never Walk Alone)
A comienzos del siglo XIX, el Código Penal español ya castigaba al funcionario público que «gastase, con escándalo, más de lo que le permitían sus sueldos, bienes o recursos honestos».
Los regalos constituyen una fuente de posibles conflictos de interés pues, con independencia de su valor económico, pueden influir indebidamente en la objetividad y/o imparcialidad que debe regir la siempre y sólo honesta actuación de los servidores públicos.
El regalo a un empleado o autoridad pública en su condición de tal, en efecto, entendido como beneficio que se obtiene de forma individualizada, precisamente por la especial posición que ostenta dicho servidor público, y con independencia de que sea de tipo material o inmaterial, generalmente opera a modo de verdadero intercambio, es decir, implica una reciprocidad.
La prestación (regalo, atención, privilegio) que se ofrece, generalmente se realiza con una «expectativa de beneficio», incluso aunque dicha perspectiva no sea inmediata ni directa, o incluso ni real. [1]
El vigente Código Penal español contempla, como figura delictiva, la recepción de regalos, configurada aquella bajo denominación de delito de cohecho, regulado en el Título XIX del citado texto legal (Delitos contra la Administración Pública).
Por su parte, el Código de Conducta previsto en el capítulo VI del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público refiere a esta aceptación de regalos en los artículos 53.6 «No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público»; y 54.6 «Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal».
Por consecuencia, los empleados públicos no deben requerir, ni pueden aceptar, directa o indirectamente, regalos, atenciones, servicios u otra clase de favores o beneficios -incluso aquellos que puedan ser considerados de mera cortesía- que impliquen una ventaja de tipo económico, legal o profesional o que puedan afectar a su objetividad o influir en el proceso de toma de decisiones o la participación en ellas en aquellos asuntos que sean de su competencia.
Delimitar, no obstante, cuáles son esos «usos habituales, sociales y de cortesía» no es sencillo, si bien trataré de aproximarlos, en síntesis, si se me permite, en este muy sucinto comentario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone una «lista de verificación» para que los empleados públicos reflexionen sobre las implicaciones potenciales de recibir un regalo.
Esta lista prescriptiva, disminuye el potencial de confusión a cuatro preguntas sencillas reducidas a una nemotecnia (Genuine, Independent, Free, Transparent. GIFT, por su sigla en inglés), con el efecto de hacer de aquellas evaluaciones algo más sencillo de recordar:
Según la directriz de la OCDE, las organizaciones deberían tratar los posibles conflictos de interés derivados de regalos e invitaciones, lo que supone establecer un proceso administrativo para controlar obsequios y beneficios, por ejemplo, definiendo lo que son obsequios «aceptables e inaceptables», y para aceptar determinados tipos de obsequios en nombre de la organización.
Siguiendo dicha sucinta directriz, procede identificar como inapropiado aceptar un obsequio, ventaja, beneficio, favor y/o concepto equiparable, de cualquier naturaleza y denominación, que se reciba en «consideración al cargo que desempeña el empleado público», ya sea para sí mismo o para su círculo personal o familiar y, en concreto:
En cuanto a las citadas muestras de cortesía y atenciones protocolarias, deben entenderse incluidas aquí, aquellas que se reciban con ocasión de una atención formal menor (un detalle corporativo) o en un servicio de café o catering de eventos, así como los artículos de propaganda o publicidad que por su escasa entidad e irrelevante valor unitario resulte sencillo discernir sin necesidad de efectuar un juicio de valor (como agendas, calendarios, bolígrafos, etc.).
En cualquier caso, convenga chequear el obsequio para verificar (GIFT.)
Artículo publicado tras la ponencia de José Joaquín Jiménez Vacas “Genuine, independent, free and transparent (GIFT)” durante la presentación de la segunda edición de la Cátedra Interuniversitaria Tomás Moro.
José Joaquín Jiménez Vacas es Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid y Doctor en Derecho. Investigador colaborador del Centro de Investigación para la Gobernanza Global (perfil CIGG), de la Universidad de Salamanca. jjelvacas@gmail.com
[1] Sistema de integridad de la Administración General del Estado, Documento para consulta. Ministerio de Hacienda y Función Pública (Gobierno de España). Enero, 2023, vid. pp. 42-43
