El adelanto de las Elecciones Generales de 2003 al 23 de julio nos ha cogido por sorpresa. Más allá del terremoto inicial, analizamos los factores que influyen en los ciudadanos con su cita periódica con la democracia, que, queda demostrado, no entiende de vacaciones, y qué ocurre con las instituciones durante este periodo.
TÍSCAR MARTÍN PEÑA
Todavía resuena la imagen de la cara de asombro de la periodista Àngels Barceló cuando el pasado 29 de mayo, a eso de las 11:00 de la mañana y sin haber recuperado todavía el cuerpo de la jornada previa de elecciones municipales y autonómicas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la disolución de las Cortes y convocaba elecciones generales para el 23 de julio.
“Pero ¡cómo! ¿No eran en diciembre?”, se preguntaban muchos. “¿Justo cuando se inicia la presidencia rotatoria de España en la UE?”, comentaban otros indignados. “¡Que yo el 23 de julio estoy de vacaciones!”, murmuraban esos afortunados (al parecer ahora la mitad del país y entre ellos Àngels Barceló) que se van de vacaciones en julio y no en agosto como se ha hecho toda la vida de Dios.
El caso es que este 2023, al igual que sucediera en 2015, 2016 y 2019, tenemos uno de esos grandes períodos electorales en los que la democracia nos convoca a diversas fiestas a lo largo del año, con la diferencia de que las siguientes elecciones son en pleno verano y por ende motivo de cierta rebelión por parte del electorado.
Todo esto me ha hecho reflexionar en los últimos días acerca de la importancia, mayor o menor, que le damos a esto de la participación democrática en función de nuestros propios intereses y de la situación de nuestro entorno, así como de las cabriolas que los sistemas de gobierno deben hacer ante tesituras como la presente, con gobiernos en funciones por doquier y con las Diputaciones Permanentes de turno dándolo todo.
Decía Popkin en The Reasoning Voterque los votantes son verdaderamente racionales, lo que sucede es que se trata de una racionalidad de bajo coste, por cuanto que reciben información parcial, difícil de obtener y para remate, en condiciones de incertidumbre. Por ello y a pesar de la multitud de investigaciones sobre conducta política, el también politólogo Patrick Dunleavy llega a la conclusión de que esta cuestión refleja cierto grado de desilusión por cuanto que son tantos los factores que influyen en los ciudadanos a la hora de decantarse por una opción política u otra que es muy difícil predecir el voto. Y sin encima (y esto ya es de mi cosecha), toca votar en plena y previsible ola de calor, tal vez se distorsionen aún más las predicciones.
Al final y dada la complejidad de la temática, Fuchs y Klingemann en The left-right scheme: theoretical framework reducen la cuestión al esquema izquierda-derecha como mecanismo de resolución que ofrece una orientación a los individuos sobre qué opción merece más el voto y que descansa a su vez en la función comunicativa del sistema político.
Vamos, que el hecho de votar o no en estas próximas elecciones dependerá de la apetencia de cada uno y de la agenda veraniega que tenga ese día y, previsiblemente también, de su compromiso con la participación electoral y lo apegado o no que esté con la causa política de su partido favorito. Desde luego yo ese día estaré con mis palomitas viendo cómo se desarrollan los acontecimientos.
Y es que como bien apunta Popkin, son tantos los factores de incertidumbre que participan en la toma de decisiones de los ciudadanos, que muchas veces resulta difícil decantarse por un programa político u otro: reparto de escaños según la Ley D’Hondt, las preferencias de partido, los “desafíos economistas” en palabras de Huckfeldt y Carmines o las opciones de coalición, hacen que en ocasiones estas cuestiones “superen” al elector y finalmente éste decida quedarse en casa y de ahí los altos niveles de abstencionismo que generalmente se repiten en cada comicio electoral.
Debido a todo lo anterior, no es de extrañar que los resultados electorales ofrezcan cada vez más quebraduras de cabeza a las formaciones políticas que se ven obligadas a tener a sus equipos de negociación preparados 24/7 por lo que pueda pasar, con meses de conversaciones por delante, firmas y rupturas de acuerdos y todo ello intentando que al electorado todo esto le parezca muy bien y legitime los posibles pactos so pena de tener que repetir elecciones.
Lo anterior lleva a otra situación de incertidumbre democrática: los gobiernos en funciones y las Diputaciones Permanentes. Es decir, que si a la ciudadanía ya nos cuesta entender muchas veces el funcionamiento del juego político esto ya es para sacar nota.
Y es que, en la práctica, tener un Gobierno en funciones equivale a no tener necesidad de tomar importantes decisiones, solamente aquellas ordinarias necesarias para el correcto y normal desenvolvimiento de un país, región o municipio. En definitiva, que la democracia se va de vacaciones también durante ese periodo de tiempo.
Tal y como nos ilustra nuestro querido y sabio compañero José Joaquín Jiménez Vacas en este artículo que recomiendo encarecidamente leer, los Gobiernos en funciones se limitan al “despacho ordinario” de sus tareas pero sin generar compromisos para el futuro Gobierno. De ahí que, como resalta Jiménez Vacas, se trate de un “concepto jurídico indeterminado” que es necesario valorar caso por caso.
Lo que sí está claro es que durante ese periodo de tiempo no se podrán aprobar proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley, lo que en puridad significa estar atados de pies y manos para poner en marcha cualquier nueva política pública. Nuevamente por tanto la incertidumbre regresa al ciudadano.
Las Diputaciones Permanentes por supuesto no van a ser menos. Y es que durante los periodos entre Legislaturas, es decir, cuando las Cortes Generales están disueltas, o cuando no estén reunidas, se encargarán de que determinadas funciones no queden desatendidas, a saber: convalidación de decretos-leyes y autorizar si fuese necesario los estados de alarma, excepción y sitio. En el caso de las Comunidades Autónomas se dedicarán a despachar autorizaciones de presupuestos extraordinarios o atender necesidades financieras urgentes, sirva como ejemplo el de las Corts Valencianes.
En definitiva, parece que el derecho a la desconexión se extrapola desde el mundo estrictamente laboral al democrático en su conjunto, con la salvedad de que la democracia no afecta a un solo individuo y su relación con su concreto puesto de trabajo, sino que afecta al interés general, a la necesidad de que la maquinaria pública esté siempre en marcha y a favor del beneficio de los ciudadanos.
Supongo que por ello y como decía el filósofo Horacio, “la virtud es el punto medio entre dos vicios opuestos”. Así que ya sabéis, a disfrutar de las vacaciones, pero a tratar también de que la democracia no cierre por vacaciones.
Tíscar Martín Peña ejerció la abogacía durante 14 años antes de aprobar la oposición al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Adminsitración de la Comunidad de Madrid en 2023. Según su amiga Ceci, morirá sin saber qué quiere ser de mayor.
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