El debate en torno a la modernización del funcionamiento de las Cortes Generales para su adaptación a las transformaciones que se han ido produciendo en el panorama político español en los últimos tiempos no es nuevo y reaviva otro ya existente desde hace décadas en la doctrina constitucional española suscitado en torno a la crisis de la representación política y, en lógica consecuencia también, del parlamentarismo en su diseño constitucional actual y en su desarrollo por los reglamentos parlamentarios.
En relación con lo anterior, llevamos años observando cambios en nuestro modelo de convivencia democrática que sin duda están repercutiendo en el funcionamiento de las Cortes Generales. Y no se trata sólo de cambios en el funcionamiento de nuestro parlamento referidos al contexto de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 que desde diciembre de 2019 nos asola. En efecto, hemos sido testigos de la alteración relevante que el virus ha provocado en el funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado. Pero también se han incorporado otras formas de desarrollo del trabajo parlamentario, como la celebración de sesiones y votaciones telemáticas que han posibilitado su continuidad tras un período inicial de suspensión provocado por la gravedad de la situación.
Cuando hablamos de cambios importantes nos referimos a aquellos que acaban modificando el modelo y con él el funcionamiento de las Cortes y, por tanto, que pueden haber venido para quedarse.
«Llevamos años observando cambios en nuestro modelo de convivencia democrática que sin duda están repercutiendo en el funcionamiento de las Cortes Generales»
Hablamos de transformaciones que tienen que ver con cambios profundos del orden social: unos impulsados por el propio desarrollo de la democracia y del Estado social y democrático de derecho como, por ejemplo, la aprobación de nuevos derechos; otros provocados por la grave crisis y recesión económica mundial subsiguiente ocurridas durante la década anterior. Ambos han contribuido a alterar el clima político fragmentando las opciones políticas y convirtiendo los parlamentos de ámbito nacional y autonómicos en mosaicos generadores de disfunciones en el diseño constitucional y reglamentario del sistema parlamentario tal y como lo conocíamos. Como resultado, la doctrina de derecho constitucional debate desde hace décadas sobre una posible reforma –más o menos profunda- de los reglamentos parlamentarios en búsqueda de su actualización.
¿Qué pretendemos con el seminario de los días 21 y 28 de enero? Pretendemos haceros a ese funcionamiento actual con sus pros y sus contras. Desde luego no puede pretender profundizar en aquellos principios básicos del modelo del Estado Constitucional nacido en los albores del siglo XIX y que fueron herederos de los principios fundantes del derecho parlamentario –también del español- como el principio de representación política y la prohibición del mandato imperativo como reacción a los originarios «cuadernos de instrucciones» propios del anterior modelo de representación de cuño iusprivatista; o del central y ya clásico principio anglosajón de la confianza parlamentaria y la articulación entre poderes a modo de «pesos y contrapesos». Esos los tenéis en vuestros temarios de opositores. Lo que este seminario quiere es poneros en contacto con el funcionamiento real de nuestro parlamento y para ello partiremos de una premisa: en la base del modelo parlamentario español se encuentra como correlato de ese principio de la confianza parlamentaria antes mencionado la función de control político que ejerce por mandato constitucional el legislativo sobre el ejecutivo. Así, el control se erige en una pieza clave del sistema dado que ambos poderes del Estado están configurados constitucional y reglamentariamente de forma tal que se necesitan mutuamente para desarrollar sus funciones.
El control se erige en una pieza clave del sistema dado que ambos poderes del Estado están configurados constitucional y reglamentariamente de forma tal que se necesitan mutuamente para desarrollar sus funciones
Por ello proponemos hacer una aproximación diferente al funcionamiento de las Cortes Generales que acerque la práctica parlamentaria a quienes se están formando como futuros funcionarios para su incorporación en las Administraciones Públicas. Tras un breve repaso de los fundamentos de ese funcionamiento, lo abordaremos desde la práctica cotidiana de tareas propias de la asesoría parlamentaria. Ésta es desarrollada en los gabinetes ministeriales por quienes son enlace funcional, técnico-jurídico y político entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. A pesar del cada vez mayor volumen y relevancia de sus tareas, se trata de una actividad bastante desconocida, que por la idiosincrasia del régimen laboral/profesional de quienes la ejercen –personal eventual- carece de formalización. Por otro lado, la actividad parlamentaria generada en la interactuación entre legislativo y ejecutivo, que se ha ido incrementando en las últimas legislaturas de manera significativa, se traduce hoy día en un incremento de trabajo en las unidades de los diferentes departamentos ministeriales –no sólo en los gabinetes de ministerios y secretarías de Estado- que requieren de una cada vez mayor especialización del funcionariado.
Este seminario quiere contribuir en dicha especialización y para ello en una primera sesión haremos un abordaje inicial general de las tareas propias de la asesoría parlamentaria relacionadas con algunas de las funciones que la Constitución encomienda a las Cortes Generales. Profundizaremos, en esta ocasión, en los instrumentos de orientación política al Gobierno, esto es, proposiciones no de ley y mociones, así como en los instrumentos de control político al Gobierno: a saber, interpelaciones y preguntas, informes y comparecencias y todo ello acompañado de ejemplos prácticos.
En una segunda sesión se resolverá un caso práctico previamente distribuido al alumnado en el que serán los alumnos y alumnas quienes asumirán el protagonismo –y la responsabilidad J- en la solución del mismo.
Malena Lorenzo Rodríguez es doctora en Derecho y ha desarrollado su labor docente e investigadora en el ámbito del Derecho Constitucional durante 20 años en universidades públicas y privadas. Es autora de dos monografías y numerosos artículos de revista y capítulos de libros académicos. Ha trabajado intensamente en la asesoría parlamentaria tanto de grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, como en departamentos ministeriales. Tras su paso como asesora en el gabinete de la vicepresidencia primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de 2018 a 2021, en la actualidad desempeña el puesto de asesora parlamentaria en el gabinete de la Ministra de Sanidad.